A poco de conocerse su contenido, diferentes referentes salieron a darle apoyo al DNU que declara a la telefonía celular y fija, la conectividad a Internet y a la TV paga como servicios públicos.
El director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, celebró la decisión del Gobierno Nacional y consideró que la medida «nos abre una puerta a una transformación muy grande».
«Esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera herramientas de control y regulación de precios, de calidades, de tipo, de servicios, de universalidad, nos abre una puerta a una transformación muy grande. Es un cambio copernicano», dijo Boada en declaraciones a la Agencia de Noticias Télam.
Según el director de la ONG, «la declaración de servicio público es algo que veníamos pidiendo hace años. Hubo avances regulatorios en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y después hubo un claro retroceso dejando esto en la libertad del mercado».
Asimismo, Boada apoyó el congelamiento de tarifas para estos servicios hasta el 31 de diciembre, ya que «se venía un aumento que ya habían anunciado a partir del 31 de agosto».
En la misma línea, el jefe de la cátedra de Derecho a la Información de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Damián Loreti, se manifestó hoy «de acuerdo» con la calificación de servicio público dispuesto por el Gobierno para la telefonía celular y fija e Internet, pero advirtió que en el caso de la televisión paga «debería respetarse la regla de servicio de comunicación audiovisual».
«Me parece bien, estoy de acuerdo», manifestó el especialista en declaraciones a Télam sobre la decisión del Gobierno de definir como servicio público a la telefonía celular y fija e Internet.
Loreti, en cambio, dijo que en el caso de la televisión paga, también comprendida por el decreto presidencial como servicio esencial, «debería ampliarse a los servicios por catálogo, como se hizo en Europa».
«Para mi debería volverse a la regla de servicio de comunicación audiovisual en el marco de la TV por cable o del vínculo radioeléctrico y ampliar el alcance de servicio de comunicación audiovisual al modelo europeo, donde entran contenidos que se ofrecen por catálogo», expresó.
El experto, que participó en la redacción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en 2008 y 2009, recordó que «antes del gobierno de Mauricio Macri, cuando existía la Ley de Medios, llamada de Servicio de Comunicación Audiovisual, la televisión por cable era como un servicio cultural o educativo, protegido por la convención de diversidad cultural de UNESCO».
«Eso establecía que el cable tuviera ciertas obligaciones de programación, como por ejemplo la grilla o la obligación de pasar los canales abiertos de cada lugar», explicó Loreti y sostuvo que «había una regla de abono social, con contenidos mínimos».
Loreti, en ese contexto, aclaró que «una cosa son los celulares, que son servicios de conexión, que no están amparados por las reglas de UNESCO, y otra cosa son los servicios de comunicación audiovisual por vínculo físico, como el cable».
«A mi me parece que una buena solución para que Argentina vaya a un proceso de soberanía cultural, promoción de industria audiovisual, defensa de contenidos locales, incentivo a la producción, es devolverle la condición de servicio de comunicación audiovisual a la televisión por cable», opinó.
Asimismo, manifestó que «no estoy a favor de mantener a los servicios de televisión por cable adentro de las reglas de las licencias genéricas de tecnología de la información y de la comunicación».
Por su parte, FUNDTIC, una entidad sin fines de lucro creada por profesionales vinculados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para incidir en el debate público y el diseño de políticas públicas de la industria en el país, celebró las medidas plasmadas en el Decreto 690/2020.
En un comunicado emitido el mismo sábado, FUNDTIC sostuvo que «la declaración de servicio público no puede interpretarse linealmente, sino como una vuelta a las políticas públicas sectoriales que empoderan al Estado como planificador y garante de un ecosistema complejo, pero necesario para que todos los argentinos y argentinas podamos crecer con mejores oportunidades».
Asimismo, la entidad de profesionales TIC celebró el nuevo rol que el DNU asigna al ENACOM «como autoridad de aplicación en este desafío de avanzar en un marco regulatorio donde se establezcan las garantías necesarias para que, con la debida protección para los operadores en condiciones de adecuada competencia –en especial los pymes y cooperativos-, se creen escenarios para que todos los habitantes de nuestro gran país puedan tener acceso equitativo a los Servicios TIC y que sea en condiciones de precios justos y razonables».
Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Fernanda Vallejos destacó la decisión del presidente Alberto Fernández y aseguró que con esta medida «el Estado argentino ratifica su compromiso con la defensa de derechos consagrados como lo son los de usuarios y consumidores”.
En un comunicado de prensa, la legisladora del Frente de Todos recordó que en abril pasado presentó un proyecto de ley para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable.
“Con la telefonía, el cable y el servicio de internet, el Estado tenía la dificultad de que, al no ser un servicio público, no contaba con las potestades para regular estas tarifas, y esa situación fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras para impulsar aumentos, con una insensibilidad escalofriante, aún en medio de la pandemia”, agregó.
Vallejos presentó a fines de abril un proyecto para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable. La iniciativa contó con la adhesión de cuarenta y nueve diputados, entre ellos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA, entre otros legisladores.
En el mismo sentido, la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, del Frente de Todos, calificó como «fundamental» la decisión del presidente de la Nación.
«Esto marca un rumbo, junto con otras políticas, respecto a un programa de gobierno que busca reducir brechas y desigualdades, garantizar derechos, y priorizar a los sectores que más necesitan», señaló la ex intendenta de Paraná.
«Esta decisión atiende el trabajo que venimos realizando en la Cámara, donde hemos aportado proyectos, como el Plan de Conectividad con prioridad educativa, que redactamos junto a mi par Pablo Carro», continuó la entrerriana.
Fuente: Télam
