Competencia, inversiones, precios y servicio público. Son los temas que se priorizan en la agenda del sector, aún en plena campaña electoral, o justamente en pena campaña.
Alguien que sea asiduo lector de TelcosMedia debe haber tomado nota de mis «reclamos» sobre la ausencia de la conectividad como tema de la campaña y tras mis quejosas apreciaciones -honestamente no hacía falta-, zás…. el mismísimo presidente instala el tema en la agenda y obliga a propios y extraños a hablar de internet y si debería ser o no ser servicio público…
Y así, a poco de cumplir un año, y sin festejos a la vista, se reabren las heridas sangrantes. Porque convengamos que entre operadores del tamaño que sea, hay objeciones al ya famoso DNU 690.
Datos a tener en cuenta. Los seis meses de la cautelar que suspendió por ese período la aplicación del DNU690 para las empresas asociadas a ATVC, se vencen a fines de octubre.
Gustavo López adelantó que esta semana el directorio del Enacom rechazará las propuestas de aumentos de precios que hicieron las empresas.
En el caso de Movistar, envió a sus clientes el aviso de que aumentarán los precios finales 8% en septiembre.
Mientras que Telecom, optó por el aviso mediático, el boca de su CEO, Roberto Nobile, quien dijo a Forbes que están pensando «un ajuste en septiembre o en octubre de entre el 7 y el 10%».
Al otro día de la entrevista, fue Alberto Fernández quien recordó a quienes saben del tema que las comunicaciones «serán servicio público». DNU mediante, ya lo son, pero por las dudas que no alcance, en la misma semana el senador Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que resulta un «espejo» del DNU 690.
«Es una ley marco, para fortalecer el DNU que ya está judicializado», nos dijo Luenzo. Una ley marco que otorgará facultades al Enacom para que , en casos excepcionales, establezca la obligación de prestar servicio gratuitos.
Ja… y se preocupaban del DNU !!!
Como ya se dijo, ser o no ser es la cuestión… Y como las partes tienen posiciones irreconciliables en esta cuestión, no se resolverá nada hasta que la Corte defina la constitucionalidad, o no, del DNU 690.
Es un déjà vu, no?
La judicialización en esta industria no es novedad. Pero una cosa es dejar en stand by cuatro años en manos de la Corte la definición de la constitucionalidad o no de la ley de Medios por como impactaba en las estructuras de las empresas, y otra, muy distinta es dejar en el aire la aplicación de un decreto y la reglamentación sobre precios, en una serie de servicios que sin discusión alguna son esenciales.
Ya hablamos de precios, hablamos de servicio público… nos falta inversiones y competencia.
Desde el sector público, Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública dijo que las empresas «están haciendo inversiones» y completando la expansión de 4G, de acuerdo al cronograma comprometido en la licitación del año 2014.
López dijo que «están invirtiendo más que en el 2019» y al menos Telecom dijo que en el primer semestre del año invirtieron 22% más que en el mismo período del 2020.
Desde los proveedores, según nos dijo Pablo Perelmuter, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel) «hará un mes comenzaron a reactivarse las compras» en general a medida que se «liberan los ANR».
Aja.. un repaso por los balances de las tres grandes muestra que aún con crecimiento de clientes, lo que se redujo fue el ARPU.
Y si las inversiones de todos los sectores se imponen en la agenda de campaña, habrá que afilar los lápices y ver cuanto se invirtió y cuanto se piensa invertir…. si de certidumbres se trata.
Competencia. La palabra mágica. Si en algo coinciden voceres del sector publico y del sector privado, es que la competencia es buena. Tan buena que hasta en el DNU 690 se habla de servicios públicos «en competencia».
En honor a la santa competencia, por ejemplo se aprobó el nuevo reglamento de infraestructuras para edificios y barrios privados.
Por el cual «se acabó el paquete cerrado» dicen en el barrio, y no serán los consorcios, sino los propietarios de cada departamento, quienes elijan su proveedor de servicios.
Una de las «barreras a la competencia» que se mantiene aún en un mercado competitivo.
Otras acciones para hacer más competitivo el mercado está en la regulación de los precios mayoristas, algo que pocos parecen querer implementar. Desde el sector público se piensa en dejar en manos de Arsat y el impacto de la Refefo.
O bien mirar al 5G, que según algunes «será la puerta de entrada a nuevos competidores».
Hasta 5G Americas indicó que en América Latina varias «licitaciones fueron retrasados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la región».
No mencionan a la Argentina pero si a Chile, dónde iniciaron los concursos 5G a finales del 2020; en Brasil la “licitación 5G” podría iniciar en el segundo semestre de 2021 y en México podría ocurrir lo mismo con la Licitación IFT-10; en Perú y República Dominicana se publicaron convocatorias para licitaciones de espectro.
En el mismo informe José Otero, vicepresidente para América Latina y Caribe de 5G Americas, aseguró que en este contexto «es necesario controlar expectativas y entender que la adopción de 5G en América Latina será paulatina»
Pero no termina ahí pues aclara que dicha adopción se «centrará inicialmente en los sectores productivos de la economía para luego, en unos 4-6 años, comenzar a ver su masificación entre los usuarios móviles de cada mercado”.
Y así seguiremos, oteando el horizonte, a ver si aparecen certezas.
