Empresas y cooperativas de telecomunicaciones y TV paga expresaron hoy que «acompañan» al Gobierno nacional en las decisiones vinculadas al sostenimiento de las prestaciones como un servicio esencial para la sociedad, con la suspensión de los cortes por mora para sectores vulnerables, en este tiempo de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, informó la Agencia de Noticias Télam.
«El compromiso del Gobierno Nacional es asegurar que todos los usuarios de telefonía fija y móvil, internet y cable tengan garantizada la prestación de servicios mínimos en el contexto del aislamiento social» dijo hoy a Télam el titular del ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini.
El ente. según la Resolución 367 publicada hoy, supervisará que las empresas prestadoras no corten el servicio por falta de pago a los sectores más vulnerables de la población, y sumó al beneficio a las instituciones de bien público y aquellas personas y monotributistas que acrediten una merma del 50% en sus ingresos producto del aislamiento obligatorio.
Sobre la norma publicada hoy en el Boletín Oficial, Ambrosini destacó el trabajo de las diversas áreas del Enacom para poner en línea un formulario «que busca asegurar que todos los usuarios y usuarias puedan solicitar su acceso a esta política pública» por no estar en condiciones de afrontar los pagos de servicios de comunicaciones, necesiten financiamiento o cambio a un plan básico.
«Estamos trabajando muy fuertemente y de cerca con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones para encontrar las formas más posibles para que la sociedad se mantenga comunicada»; afirmó el titular de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico del Sur (Fecosur), Antonio Roncoroni.
El directivo, en diálogo con Télam, aseguró que las cooperativas tienen una «relación más cercana» con los usuarios de los servicios, y que la postura general es que «quien puede pagar, paga; y a quien no puede pagar se lo acompaña».
En similar sentido, el presidente la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, dijo a esta agencia que «la industria acompaña», mientras que el titular de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer dijo que «se entiende la necesidad» de estas medidas, aún cuando «muchos pequeños y medianos ISPs (proveedores de los servicios de internet) tienen altos niveles de morosidad».
Por su parte, la empresa Telefónica indicó que «en un contexto complejo como el que se está atravesando, donde la demanda de conectividad creció en tan solo un fin de semana lo previsto para un año, y en el que los ingresos de la industria cayeron sensiblemente, es fundamental poder encontrar soluciones que no afecten el delicado equilibrio entre acompañar a los clientes y garantizar la conectividad que apuntale a la sociedad en general y a otras actividades en particular, como la salud y la educación, entre otras».
Ante la consulta de Télam, la empresa recordó que «la industria de las telecomunicaciones es de capital intensivo y altamente dolarizada, por lo que generar una solución genérica que no atienda a la dinámica inherente al sector, lejos de promover un mejor servicio puede afectar directamente la capacidad de dar respuestas a las cada vez más altas demandas de comunicación».
Telecom, por su parte, indicó que está «trabajando en coordinación con la autoridad regulatoria que es la que define la inclusión de los usuarios vulnerables en la base de clientes alcanzados por el Decreto de Necesidad y Urgencia»
En ese sentido, para orientar a sus clientes que se sienten beneficiados por la normativa, remite a sus clientes al sitio del Enacom «para que se informen sobre la política de no corte y servicio básico o para requerir su inclusión en las prestaciones del servicio reducido».
El Gobierno creó hoy la unidad de Coordinación de los diferentes entes reguladores para monitorear el cumplimiento de la no interrupción del servicio a quienes tengan hasta 3 facturas impagas, vencidas después del 1 de marzo, y pertenezcan a grupos sociales vulnerables o en situación de riesgo.
Los grupos ya identificados y que no deberán hacer explícita su decisión de adherir al financiamiento sin intereses y la migración a un servicio básico abarcan a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) y monotributistas sociales, entre otros.
Las personas usuarias de los servicios que no pertenezcan a estos grupos pero puedan demostrar una caída del 50% en su capacidad de pago, incluyendo a los monotributistas categoría C y D, asociaciones civiles, centros de jubilados, sociedades de fomento, podrán solicitar su inclusión mediante un formulario en línea publicado en la web del Enacom: https://formularioenacom.gob.ar .
Fuente: Télam