La compañía de conectividad, contenidos de entretenimiento e información DIRECTV emitió un comunicado en el que explicita su posición sobre el conflicto suscitado en Uruguay con un grupo de cableros en relación a la comercialización de los derechos de la transmisión de los partidos de la Copa América.

En el mismo, DIRECTV indicó que «lamenta la arbitraria e inconstitucional decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) de Uruguay de suspender su derecho a explotar en libertad y en cumplimiento de la ley vigente la licencia de transmisión de la Copa América 2024».

Y agrega que «este tipo de decisiones administrativas colisionan con reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia generando incertidumbre respecto de la estabilidad del marco de negocios de Uruguay para captar nuevas inversiones».

Según informa en su comunicado, DIRECTV invirtió decenas de millones de dólares para adquirir los derechos exclusivos de transmisión de la Copa América 2024 a la CONMEBOL, y tal como lo permiten la propia Ley de Medios y la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay, definió la comercialización de ese contenido en función de su propia estrategia comercial, asegurando en el ámbito geográfico de Montevideo la transmisión por televisión abierta pero manteniendo un grupo de partidos solo para sus usuarios de TV paga, en el legítimo ejercicio del derecho de explotar contenidos exclusivos previsto en la Ley de Medios.Asimismo, DIRECTV, indicó que «como licenciatario oficial de los derechos de transmisión de la Copa América 2024 para nueve países de Sudamérica, sublicenció los derechos a todas las empresas de cable del interior del país afiliadas a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), asegurando que 28 de los 32 partidos del torneo estuvieran disponibles, incluidos todos los que vaya a disputar la Selección de Uruguay».

Y agregó que «también sublicenció los derechos de los partidos más importantes del torneo a TV Ciudad, señal abierta de TV de Montevideo para que todos los montevideanos, independientemente de su proveedor de televisión y de forma gratuita, pudieran seguir a la “celeste” sin tener que pagar nada ni a DIRECTV ni a ningún otro operador de TV paga en Montevideo. Dicha licencia a TV Ciudad, cabe aclarar, excede largamente las exigencias de la Ley de Medios, que solamente exige el licenciamiento de partidos en instancias definitorias, lo que la reglamentación de dicha ley define como la final y semifinal en que participe la selección nacional».

Según consigna en su misiva, además de la cobertura tradicional por cable y televisión abierta, DIRECTV también otorgó sublicencias para transmitir los partidos en streaming a la empresa estatal ANTEL y a la plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ampliando aún más las opciones de acceso para las audiencias.

Aun cuando DIRECTV ya había otorgado las sublicencias arriba descriptas, sorpresivamente el lunes 3 de junio de 2024, la CPDC notificó a DIRECTV de una denuncia presentada por las empresas Monte Cablevideo S.A., Tractoral S.A., Riselco S.A. y Equital S.A., todas titulares de TV por cable pago.

Según refiere la compañía, estas empresas de TV  «que decidieron no invertir para adquirir los derechos de transmisión de la Copa América 2024 (las “Cableras que No Invirtieron”) denunciaron a DIRECTV por supuesta discriminación y supuesta negativa a contratar, en lo que alegaron violaba la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Con gran celeridad, el jueves 6 de junio de 2024 la CPDC ordenó a DIRECTV presentar ofertas de distribución de la Copa América 2024 a las Cableras que No Invirtieron».

DIRECTV hizo una presentación judicial para defender sus derechos de comercialización de un producto televisivo por el que pagó decenas de millones de dólares tras haber ofrecido a CONMEBOL la oferta más competitiva entre varios otros interesados en invertir por los derechos. .

En función de ello, la compañía sostuvo que «la decisión de la CPDC afecta los derechos de DIRECTV, que en Uruguay están protegidos por la Constitución Nacional (la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en múltiples fallos que los derechos exclusivos son inversiones amparadas por la Constitución) y por la legislación vigente. La medida restrictiva de la CPDC sienta así un precedente preocupante para la industria audiovisual y la libre competencia en el país, y para la seguridad jurídica y transparencia institucional que debe amparar el marco de negocios y de las inversiones extranjeras en el Uruguay, características que la reconocida estabilidad política y solidez institucional del país siempre protegió para generar un ambiente atractivo para atraer inversiones y negocios a Uruguay. DIRECTV espera que la Justicia revierta esta situación con argumentos constitucionales».

Y agregó que «DIRECTV actúa siempre en cumplimiento de los marcos normativos de los países en los que opera, y como inversor extranjero, requiere el respeto a las mismas leyes por parte de sus competidores y una interpretación objetiva, equilibrada y transparente de tales regulaciones por parte de las autoridades de aplicación correspondientes. DIRECTV defenderá sus derechos, en toda su extensión y en todas las instancias correspondientes».

Artículo anteriorTelefónica conmemora 30 años en el Perú con cerca de 4 millones de hogares con acceso a fibra óptica
Artículo siguienteAT&T quiere que las Big Tech contribuyan al fondo de subsidios de telecomunicaciones y banda ancha