ASIET expresó su «profunda preocupación por la sucesión de decisiones en materia regulatoria que amenazan la sostenibilidad de una industria que debe considerarse un aliado estratégico para el crecimiento y el desarrollo del país. La situación en Argentina representa una anomalía en la región, y genera inquietud entre operadores, inversores, proveedores, especialistas y usuarios de todo el ecosistema digital. Un control de precios discrecional para todos los servicios y planes de un sector en competencia no sólo hace inviable la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas, al hacer insostenible su operación en un contexto de altísima inflación, sino que es incongruente con los objetivos de alcanzar mayor cobertura, acceso y calidad de servicios, al ahogar a los proveedores de un servicio que se considera esencial».
En relación a incidencia de la inflación en la política de control de precios, ASIET sostuvo que «no es sostenible que con una inflación anual del 36.1% -de 26.2% en el periodo de abril a diciembre durante el cual permanecieron congelados todos los precios de los servicios TIC (en el caso del servicio móvil prepago la congelación de precios rigió desde fines de 2019)-, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5% para todos los servicios, insuficiente para cubrir sus costos reales. Considerando además que la devaluación superó el 40%, lo cual afecta a una industria con buena parte de sus insumos en dólares. No es conveniente que se mantenga la incertidumbre para los próximos meses, cuando se espera que la inflación aumente otro 12,5% en el primer trimestre».
Para finalizar, el comunicado sostiene que «ASIET comparte la preocupación por el cierre de las brechas digitales, pero mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto, sino generando las condiciones necesarias para que más y mejores servicios lleguen a más argentinos y argentinas. Ello es responsabilidad del sector privado, a través inversiones en redes y la puesta a disposición de diversas alternativas comerciales; de sus contribuciones al Fondo de Servicio Universal; y de las medidas temporales acordadas por la coyuntura de emergencia relativas al acceso a sitios educativos o a la conectividad en puestos sanitarios. Como también es responsabilidad del sector público, con el uso integral y asignación eficiente de los fondos de Servicio Universal, y otras soluciones de política pública y regulatoria que brinden acceso a la población vulnerable (debidamente identificada), y garanticen las condiciones de desarrollo de un mercado con potencial de traccionar al conjunto de la economía hacia el crecimiento».
Asimismo, la entidad expresó que «deben revisarse las medidas mencionadas, recuperar el tono de diálogo y alcanzar soluciones regulatorias basadas en criterios técnicos que permitan a la Argentina asegurar la sustentabilidad de la industria a fin de garantizar el acceso a cada vez más ciudadanos y continuar expandiendo y mejorando la calidad de los servicios».
