Los lápices afilados del Enacom empezaron ya a delinear los borradores de la reglamentación del famoso DNU 690, que, dicho sea de paso, ya tiene el visto bueno del Senado, presencial y virtualmente hablando.
Después de la primera ronda de «escucha», quedó claro que hay intereses contrapuestos entre las empresas según sean grandes, medianas o chicos o cooperativas, según sean competidoras y/o mono/oligopólicas. O sea, descubrieron al mercado argentino que supimos conseguir.
Las bases de la reglamentación que será asimétrica o «diferencial» o el término que le pongan, en definitiva tendrá en cuenta el tipo de «organización societaria» o el tamaño de la empresa, o…. el nivel de concentración que representa.
El dato que manejan algunes de les reguladores es que las cinco «grandes» tienen el 92% de la facturación del mercado sumando todos los segmentos.
Entienden que este quinteto (Claro, Movistar, Supercanal, Telecom y Telecentro) tienen el 80% del negocio de internet y de la TV, y el 100% de la telefonía.
¿Cuál es el objetivo? «No matar a la industria y proteger los bolsillos de los consumidores».
«Queremos que haya competencia». Eso dijo recientemente el presidente Alberto Fernández y dejó en claro que sólo un grupo empresario puede hoy dar en el país todos los servicios.
Ahora bien, si la idea es abrir el juego y que otres puedan dar paquetes de servicios en igualdad de condiciones, hay mucha tarea para hacer: autorización de servicios satelitales, otorgamiento de espectro… etc. etc.
Otro tema que tienen en claro quienes están ya escribiendo y escribiendo contra reloj los proyectos de reglamentación es que la «paquetización» necesita un ordenamiento… por eso que algunos llaman subsidio cruzado… y que tanto daño le hace a la querida y bien intencionada competencia.
Otro equipo está trabajando en los parámetros que definirán los criterios a tener en cuenta para la discusión de los precios. Si. Precios. Aunque las asociaciones de consumidores se enojen.
Ahí veremos si se mantiene la dupla inversiones y estructura de costos, o si tallan otras variables. Acá el plazo es octubre, como para llegar a un horizonte de «previsibilidad» para las empresas… y de paso para los consumidores.
También tienen en cuenta la dificilísima tarea de lograr definir cuál será la composición de la prestación que quede comprendida como «servicio básico». Dado que la conceptualización de un «servicio que permita comunicarse, estudiar y trabajar» se debe contextualizar en la disponibilidad geográfica por las distintas coberturas, entre otras muchas cuestiones.
Y por si esto fuera poco, el viernes pasado desde la Comisión de Comunicaciones de Diputados se puso en la mesa un gran tema: regulación de las plataformas digitales. Elles, les «malditos intermediarios», como decía un vieeeeejo sketch.
Legislar a las plataformas, su contenido, su accesibilidad, su asequibilidad. Gran debate se avecina, porque la pandemia pasará pero muchas de sus enseñanzas quedaran.