Y vos no me escuchaste…. o sí, pero ignoraste la multiplicidad de indicios.
Esto es tanto para privados como para Gobierno.
Por un lado la categorización de las comunicaciones por la vía que sea, incluida la TV paga, no es una idea nueva. De hecho tiene antecedentes de los propios que hoy se «horrorizan» por el impacto que tendrá la decisión en la calidad del servicio.
MEMORIA… digo, una muestra más de que hay quienes piensan de acuerdo al lugar del escritorio en el que les toque estar.
Quienes caminan hace rato el mundo de las telecomunicaciones saben que la posibilidad de categorizar a las mismas como servicio público, aún cuando mantengan la calificación de «en competencia», no es nueva.
Sin embargo, después del sacudón del viernes, cuando el presidente adelantó la decisión vía Twitter, el 90% de los referentes del mercado puso cara de sorpresa.
A la mitad le creí. Al resto ni un poco.
El decreto de necesidad de urgencia que hoy mismo empiezan a trabajar para aprobar en el Parlamento, tiene al menos la crítica de ser incompleto.
Y ahora viene la reglamentación, que como siempre es el último espacio dónde «hacer justicia».
O al menos eso esperan las empresas PyMEs y cooperativas que una vez más (y van….) se sintieron arrastradas por la política de las grandes del sector.
Es la política, diría Bill…
«Si la oposición no se dedicara a bloquear las sesiones virtuales podríamos haber tratado en la cámara los muchos proyectos presentados por radicales, socialistas y nuestros que iban en la misma dirección», dijo sobre el DNU el titular de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro.
Entre los errores (en algún caso imperdonables) de otros dirigentes políticos voy a señalar tres:
1.- El presidente Alberto Fernández dijo que Telecentro presta servicios móviles.
2.- Federico Pinedo dijo que la estatización violaba acuerdos internacionales, cuando nadie está planteando una estatización
3.- Patricia Bullrich cuestionó el DNU diciendo que el grupo Clarín tiene posición dominante.
Por ello según el color de quien informa se destaca la conversión en servicio público que claramente espanta inversiones, en un mercado que nació y creció sin intervención estatal, más que la mínima y necesaria.
Otres destacan el impulso de la tarifa universal, que tuvieron su prueba piloto durante la pandemia y que discutiremos en la práctica cuánto alcanza para estar «digitalizado».
Lo que nadie discute es que el «congelamiento» de los precios de cara al consumidor final es un golpe de efecto político y que cosecha más aplausos que críticas.
Siempre que hablemos de los precios minoristas, peeerooooo como el decreto habla de todos los precios, también los de acceso a redes, ahí la cosa se pone más densa.
Por ello es que el fin de semana, Ambrosini, titular de Enacom, quien tendrá a su cargo la redacción de la reglamentación, adelantó que «escucharán a todos»….
…y si, qué querés que diga?
Imagino a cientos de ISP, y a muchas cooperativas más que preocupadas por la imposibilidad de aplicar algún aumento al consumidor final, cuando sostuvieron el servicio aún en condiciones de altísima morosidad y perdiendo millones de pesos en lo que va de la pandemia.
Dada la relación gestada tanto desde la Secretaría de Innovación como desde el propio Enacom y el INAES con las cooperativas y las PyMEs, sospecho que la reglamentación pondrá excepciones.
O sea, se viene la larga negociación para la reglamentación. Que, entre otras cosas definirá la metodología para definir los costos.
«Traiganme la estructura de costos», bramaba Guillermo Moreno a las empresas de telefonía, allá lejos y hace tiempo, en los principios del Gobierno de Néstor Kirchner, cuando estuvo en la Secretaría de Comunicaciones.
Ahora, y les recomiendo escuchar a María Gabriela Macra en el #EllxsDicen de hoy, habrá que llevar la estructura de costos a la mesa de discusión.
Como aporte al debate y la confusión general, señalamos que la comparación con los servicios de medicina prepaga como servicio público en competencia, contrasta con el concepto de universalidad y asequibilidad que debería primar en los servicios públicos y de paso, esenciales.
Mientras que otro servicio público en competencia es el transporte de personas. Cuya asequibilidad es menos cuestionada.
Digo esto y recuerdo que para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), definió el Umbral de
Asequibilidad, estableciendo como objetivo al 2025, que los costos por servicios de banda ancha de nivel básico deben estar por debajo del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita (hasta 2018 estuvo fijado en un 5%).
El Umbral de Asequibilidad por Capitales Provinciales (UACP) considera el costo promedio de los servicios básicos de
internet banda ancha fija y el ingreso promedio por hogar (IPH) para cada capital relevada (incluyendo su aglomerado), estableciendo el UACP en un 5%.
Esto significa que, por ejemplo, para contratar a diciembre de 2019 un servicio básico de internet banda ancha fija de
$1.200, un hogar requería contar con ingresos superiores a $24.000 para que no representara una carga significativa; según el Cabase Internet Index del 1er Semestre de 2020.
Considerando el Ingreso Promedio por Ciudad (IPC), el costo
promedio del servicio no llega a representar una carga en ninguna
de las capitales provinciales, sin embargo, a nivel más detallado, ciudades como La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, Tucumán, Viedma y Formosa, poseen más de un tercio de sus hogares que no traspasan el umbral de asequibilidad.
Y marcaban que para el 27% de los hogares del país el costo del servicio «representa una carga significativa».
Y todavía hay quienes se sorprenden?
Esta historia recién empieza a escribirse y no sería de extrañar que haya un camino entorpecido por judicializaciones.
Lo que es seguro es que les expertes en regulación de ninguna empresa del sector, durmió tranquilo el fin de semana.
Así que deseándoles a todes la mejor de las semanas.. me despido hasta el próximo lunes.
