El Diputado Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja y la Diputada Blanca Osuna, presentaron un proyecto de ley para que el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital, se considere como derecho humano y un servicio de carácter universal.
Entre sus fundamentos, el proyecto expresa que «la salida de la Pandemia COVID 19, ha intensificado y priorizado en la agenda del desarrollo sostenible con equidad distributiva y oportunidad para todos y todas, la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con una mínima calidad de servicio y tarifas justas y razonables.»
De allí entonces la necesidad de legislar sobre este aspecto fundamental de la vida cotidiana y declararlo un derecho humano universal.
El proyecto, que lleva en total la firma de 29 diputadas y diputados, dispone también la creación del Plan Nacional de Conectividad, a los efectos de coordinar y articular la planificación y ejecución de las distintas políticas y recursos públicos en materia de conectividad digital, con las inversiones de los distintos prestadores comerciales y sin fines de lucro que brindan servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital en el marco de los principios del Servicio Universal.
El Plan Nacional de Conectividad tendrá como objetivos: garantizar la maximización de la cobertura geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad de paquetes de servicios esenciales determinados por la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley contempla también el despliegue de puntos de wi fi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en las oficinas públicas y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, y/o en los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones, en las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social (comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios).
La iniciativa propone que los proveedores de servicios de Internet dispongan de un plan inclusivo con tarifa diferenciada, a efectos de facilitar y ampliar el acceso a Internet. En tanto, la autoridad de aplicación establecerá, con modalidades específicas: la gratuidad del acceso y navegación por dispositivos móviles en sitios web oficiales de salud y educación para toda la población; y la gratuidad del acceso y navegación por dispositivos móviles en sitios web con contenidos educativos y fines pedagógicos para los y las estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación.
Cofirman el proyecto de los diputados Pablo Carro y Blanca Osuna: los legisladores Alicia Aparicio; Claudia Bernazza; Rosana Andrea Bertone; Mara Brawer; Mabel Caparrós; Marcelo Pablo Casaretto; Gabriela Cerruti; Melina Delú; Eduardo Fernández; Ana Carolina Gaillard; Susana Graciela Landriscini; Mónica Macha; Gisela Marziotta; María Lucila Masin, Germán Martínez; María Rosa Martínez; Gladys Del Valle Medina; María Carolina Moisés; Patricia Mounier; Rosa Rosario Muñoz; Hernán Pérez Araujo; Jorge Antonio Romero; Victoria Rosso; Nancy Sand, Fernanda Vallejos, Carlos Vivero y Hugo Yasky.
