Y sí. Graizer lo dijo.
En el primer día del Internet Day, como voz de la industria, el titular de la Cámara Argentina de Internet -CABASE-, Ariel Graizer dijo sin vueltas que el decreto 690 fue un «decisión regulatoria errada».
Con números de un lado y del otro, el sector privado identificó al decreto que declaró como servicios públicos a internet, telefonía móvil y fija y a la tv paga, como el que «puso a la industria en un impasse» en el cual «ya nos comimos» la capacidad de las redes gestada por las inversiones prepandemia.
El Estado contestó con la inversión de casi 12.000 millones de pesos en proyectos de conectividad (ANR), en la voz del vicepresidente del Enacom Gustavo López.
Pero no fue sólo eso… es que se tiraron con «de todo»….como dirían en el barrio.
Además de la metáfora de la calabaza, de Nocetti, que seguramente quedará para la historia del mercado, lo relevante y novedoso fue que desde los funcionarios se planteó la «contextualidad» en la que se decidió el decreto 690.
Graizer señaló que la mayoría de los ANR iban a las SAPEM, que por esas cosas de la vida, ahora competían con los prestadores minoristas usando redes tendidas con financiación del Fondo del Servicio Universal, al que aportan todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones… o sea….
Por su parte Matías Tombolini, presidente de Arsat, tranquilizó a todes al decir que la empresa va a mantener su rol de mayorista y que va a «compartir» redes con el sector privado….
Claro que por compartir se entiende que Arsat llega hasta acá, de ahí en mas se ocupan ustedes…si están…
La elegancia de las palabras de Mateo Gómez Ortega, no le quita fuerza al hecho de decir «es tiempo de barajar y dar de nuevo».
Y ojo, que la mano puede cambiar, como en el truco.
Y como de historia se trata, repasemos que el Decreto 690 no surgió de una calabaza, ni siquiera de la del carro de Nocetti.
El decreto 690 lo emitió el gobierno nacional en el 2020. En agosto, si la memoria no me falla. Pero rememoremos… el gobierno venía de afrontar ya dos IFE, y un par de ATP, y había iniciado las negociaciones para las primeras vacunas.
Que la telefonía móvil fuera un servicio público era una reclamo histórico de las entidades de consumidores. Busquen desde cuándo Héctor Polino de Consumidores Libres viene diciendo que por el nivel de penetración son de hecho un servicio público.
Además.. en esa mitad del 2020 venían del congelamiento de tarifas eléctricas, de gas y agua.
Las comunicaciones no habían tenido un congelamiento pero si se les había aplicado un «no corte», o sea, si alguien entraba en mora no le podían cortar el servicio.
Mayo, junio, julio… fueron meses de fuertes discusiones. Los mismos tres operadores que habían habilitado la navegación gratuita en sitios educativos y que había acordado una asistencia recíproca entre los operadores mayoristas para evitar que el incremento de la demanda sature las redes, ahora querían implementar aumentos de precios.
Por ello, junto con el 690 se aplicó un congelamiento de precios que se extendió hasta el 31 de diciembre.
Recién en diciembre, salió la resolución del Enacom por la cual autorizaban aumentos para aplicar a partir de enero… y bueno, ahí vino la judicialización que en los primeros casos no fue favorable a las empresas, hasta que encontraron al juez Bustos Fierro.
Allá donde estaba don Bustos Fierro, el mismo que bastante más joven en el año 1999 dictó la cautelar que permitió al ex presidente Carlos Menem presentarse para un tercer mandato consecutivo, cayó el pedido de un cablero cordobés para que no se le aplique el decreto 690 ni las resoluciones posteriores.
Así, desde el Juzgado Federal número 1 de Córdoba, Bustos Fierro dictó la cautelar en favor de TV Cable Color SRL, la empresa de TV paga de la localidad Villa del Rosario.
Y hacia allá fueron primero los representantes legales de ATVC, y luego -oh casualidad- aparecieron cautelares en otros juzgados, ahora si a favor de las empresas que no querían ser «servicio público»…. o mejor dicho, que no quieren que sea el Estado quien regule los precios.
En palabras del presidente de CABASE: «el único control de precios que funciona es el que genera la competencia y el bolsillo del cliente».
Vueltos al presente, el único tiempo verbal que importa para algunes, el llamado a «cambiar el paradigma» de Graizer, más la calabaza en el carro, y el poco original pedido de «reglas claras», fueron los ejes del discurso privado.
Del lado del Estado, digamos que hubo mucha «elegancia» en las respuestas. «El diálogo está abierto».
La otra palabra que se escuchó en los funcionarios fue «desjudicialización», y ahí es dónde las empresas sacuden el carro.. y dicen.. primero deja de decirme servicio público. No me hablen de tarifas, nosotros tenemos precios….
De esta manera, el diálogo cae en un círculo vicioso que se basa esencialmente en la desconfianza.
El Gobierno podría cambiar algunas condiciones del carácter público de los servicios de telecomunicaciones, pero si desjudicializan.
Las empresas podrían desjudicializar si antes se modifica el 690.
Somos todes buenos, pero el poncho no aparece.
Así que ahí está el «punto muerto» del «diálogo».
CONTINUARÁ…
