Por Josefina Hernández Gazcón (*)
Las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia del coronavirus (COVID-19) han puesto de manifiesto la importancia que tiene la infraestructura de telecomunicaciones para dar continuidad a los servicios de telefonía e Internet, ayudando a la seguridad y la prevención, sosteniendo las actividades económicas e, incluso, la provisión de todo tipo de servicios, como la educación y la salud. Por ello, es relevante que el gobierno haya declarado servicios esenciales a las telecomunicaciones y sus tareas conexas como el despliegue y mantenimiento de la infraestructura (torres, fibra óptica, etc.) para garantizar su suministro y funcionamiento durante el aislamiento social.
La Argentina ha hecho avances para superar la brecha digital, pero aún tiene desafíos en materia de conectividad y en la creación de capacidades para el uso de las TICs.
El acceso a Internet fue declarado un Derecho Humano por la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) en 2011 y es considerado un derecho fundamental por las leyes de varios países. Los estados (en todos sus niveles) tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo restringir injustificadamente el acceso de una persona a Internet.
El gran reto, es llevar acceso a Internet a las poblaciones menos favorecidas y dotar a los ciudadanos de los conocimientos y habilidades para aprovechar las nuevas tecnologías. Mayor conectividad se traduce en sociedades más inclusivas.
Tenemos como objetivo mejorar la conectividad de clientes y comunidades a través de diferentes soluciones de infraestructura compartida, multiservicio y multi-operador. En los últimos años, Argentina casi quintuplicó el número de radiobases (antenas) para 4G, pasando de 5.000 a más de 23.000. De esta manera, se convirtió en el tercer país de la región con más accesos a esta tecnología, con una penetración de más del 90% de la población. Sin embargo, para alcanzar una cobertura total, que incluya a poblaciones suburbanas y rurales, hay estimaciones conservadoras que indican que se necesitarían por lo menos 43.000 sitios nuevos para el 2030.
Por su parte, los municipios son actores centrales para facilitar el despliegue de infraestructura TIC. La Argentina es un país federal, con más de 2.200 gobiernos locales que tienen competencias regulatorias sobre el uso de suelo y la creación y determinación de tasas que afectan sustancialmente el despliegue de tecnología TIC.
Solo el 30% de los municipios permiten la instalación de infraestructura sin mayores obstáculos. A su vez, los procesos para la autorización de infraestructura suelen ser extensos, desarticulados con la normativa provincial y nacional y, en muchos casos, arbitrarios. Algunos municipios aluden razones ambientales o de salud pública para demorar o denegar una instalación pese a que sean argumentos infundados.
Los gobiernos pueden ser protagonistas de un cambio en materia de conectividad si adoptan un modelo ágil y eficiente para el despliegue. A su vez, la propia conectividad puede ser un elemento transformador para la gestión eficiente de los municipios a partir de soluciones integradas de seguridad, iluminación, entre otros.
Una de las lecciones que nos deja esta pandemia es que las redes de comunicaciones son cada vez más esenciales en nuestra vida cotidiana, y que su robustez y escalabilidad es lo que permitirá avanzar hacia un mayor desarrollo de nuestras sociedades.
Por ello, es importante que tanto los proveedores de servicios como los de infraestructura continuemos trabajando juntos hacia un modelo de expansión basado en la neutralidad, que posibilita inversiones más rápidas y eficientes, bajando los costos del despliegue y permitiendo que los operadores fijos y móviles se enfoquen en los servicios.
Directora de Legales & Asuntos Públicos para Argentina y Paraguay de American Tower y Vocal de la Comisión Directiva de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA).
