La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó en un comunicado su preocupación por el DNU 690/2020 que estableció que la telefonía –celular y fija–, internet y la televisión paga sean considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
En su declaración pública, la CAC coincide con lo señalado en los fundamentos del DNU respecto a que “las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social”, pero se diferencia al sostener que «está convencida de que este escenario no debería llevar a la adopción de medidas que, aunque bienintencionadas y con ciertos beneficios en el corto plazo, más temprano que tarde dejarán en evidencia sus muy elevados costos».
Indicando que «procurar el acceso de la mayor parte de los argentinos a los servicios TIC no debería hacerse mediante cambios en las reglas de juego sino a través del diálogo con los sectores involucrados, en pos de esquemas que permitan un amplio acceso sin vulnerar derechos de las empresas», la CAC manifestó su preocupación por la norma y hace un llamamiento a la búsqueda de alternativas superadoras para evitar «el desaliento de las inversiones, lo que es negativo en general pero particularmente pernicioso para el desarrollo de un sector en donde el cambio tecnológico es vertiginoso».
En el mismo sentido, el fin de semana, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que nuclea a dueños de las empresas más grandes del país, emitió un comunicado en el que critica los cambios en las reglas de juego, los controles de precios y el congelamiento de tarifas impulsados por el Gobierno.
En su declaración, la AEA sostuvo que «para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones, es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas». Y agregó que «un ejemplo claro de una medida injustificada es lo determinado en el reciente decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información».
Asimismo, el comunicado de la entidad que tiene al Grupo Clarín, dueño de Telecom, en su directorio, advierte que el DNU «afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país».
