El estudio de la organización global que une al ecosistema móvil concluye, entre otras cosas, que reducir impuestos específicos a la conectividad contribuiría a hacer los servicios más asequibles para +30 millones de latinoamericanos.
Asimismo, permitiría aumentar la recaudación fiscal en hasta USD 9.700 millones por año.
Resumen Ejecutivo
Los impuestos específicos a la conectividad móvil ya no cumplen con los objetivos para los que fueron introducidos inicialmente.
La conectividad móvil en América Latina ha experimentado una gran transformación desde los primeros despliegues 2G a comienzos de la década del 2000. Inicialmente, se percibía como un servicio de lujo para los grupos de ingresos más altos en la región, pero el acceso se masificó con la reducción del costo de los dispositivos y los planes y los avances tecnológicos de 4G y 5G. Hoy en día, los servicios móviles son una herramienta fundamental para que las personas y las empresas puedan acceder de un modo completo a la mayoría de oportunidades de trabajo y servicios esenciales, como la salud y las finanzas.
En las primeras etapas, cuando el impacto de la conectividad era más limitado, muchos gobiernos de la región aplicaron impuestos específicos a la conectividad móvil como una manera eficiente de generar ingresos fiscales. Con el tiempo, el resultado fue un gran desequilibrio entre la contribución económica directa de los servicios móviles y los niveles de tributación a los que están sujetos. Al comparar la contribución fiscal de los servicios móviles con su contribución económica directa, observamos que, en 2023, la primera fue más del doble que la contribución económica directa al PIB en América Latina.
A pesar de este nuevo rol, los impuestos específicos a la conectividad móvil siguen presentes.
En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil en América Latina representaron aproximadamente unos USD 4.650 millones, lo que equivale a un 6,5 % del costo total de la conectividad. Existen diferencias considerables entre los países: en Uruguay, El Salvador y Guatemala, los impuestos específicos representan menos del 2% del costo de la conectividad; en cambio, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia tienen impuestos específicos mucho más altos, cuya incidencia supera el 10% del costo de la conectividad, dificultando la asequibilidad para los sectores de más bajos ingresos.
Los usuarios están alcanzados por impuestos específicos a la hora de comprar dispositivos y al activar y utilizar los servicios móviles: una alícuota de IVA más alta, aranceles aduaneros específicos sobre los dispositivos y tasas de activación y numeración, entre otros. Catorce países de los 18 analizados imponen a los consumidores algún tipo de impuesto específico, que son los que poseen mayores efectos regresivos al encarecer el acceso y tornarlo inasequible para la población de más bajos ingresos. Pocos países han tomado iniciativas positivas en este sentido, eliminando algunos de estos tributos para mejorar la asequibilidad (Colombia en 2016, Ecuador en 2021, Argentina en 2025), mientras que la mayoría en la región aún mantiene una carga fiscal sobre los consumidores similar a la identificada casi una década atrás.
Los proveedores de conectividad móvil también están sujetos a impuestos específicos. Esto incluye los pagos recurrentes para licencias y uso del espectro, así como gravámenes basados en ingresos y aranceles aduaneros sobre el equipamiento de red. No se observa una tendencia de reducción de impuestos específicos a nivel regional en este aspecto, sino más bien todo lo contrario: sólo México eliminó aranceles aduaneros sobre los equipos de red mientras que El Salvador optó por aumentarlos; Honduras aumentó la tasa del Fondo de Servicio Universal (FITT) del 1% al 1,5%; y Panamá aumentará gradualmente la tasa de regulación del 0,5% actual a un 1% de los ingresos de los operadores para 2032.
Los impuestos específicos a la conectividad móvil son regresivos y desalientan las inversiones, el uso y la adopción.
La amplia variedad de impuestos específicos absorbe recursos que podrían destinarse a afrontar los principales desafíos de la región, como el cierre de la brecha de conectividad, la expansión de la cobertura, la mejora de la calidad del servicio, la aceleración del despliegue de nuevas tecnologías (como 5G) y la mayor asequibilidad para los segmentos de la población con ingresos más bajos.
Estos impuestos distorsivos y regresivos dificultan las inversiones y aumentan los precios, dificultando la asequibilidad de la conectividad móvil para los grupos económicamente más desfavorecidos. Este es el caso de América Latina hoy en día: el costo total de propiedad móvil (TCMO8) para la población de más bajos ingresos excede notablemente el umbral de asequibilidad definido por la UIT10 del 2% en la mayoría de los países de la región.
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