Los anuncios realizados por el Gobierno Nacional el viernes por la tarde sobre la reglamentación del DNU 690 generaron la respuesta casi inmediata de los grandes operadores.
«La actualización de precios autorizada por ENACOM, que impone un tope máximo del 5% para los servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga a partir de enero 2021, resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria. Dicho porcentaje está muy por debajo de la inflación relevada por el INDEC durante los últimos 12 meses; por lo tanto está desactualizado, y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector.
No se comprende cuál es el racional técnico que toman las autoridades para fijar sólo un 5% de actualización de precios cuando es sabido que la industria de las telecomunicaciones y las TICs, que genera empleo de calidad para 80 mil personas en el país, es de capital intensivo. La tecnología evoluciona a pasos acelerados y demanda permanentemente un despliegue de infraestructura que garantice conectividad de calidad en diferentes zonas del país; la actualización de precios propuesta por las autoridades va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo.
Tampoco resulta consistente encontrar explicación a tal medida en el Índice de Precios del Consumidor 2020 (IPC), en el que las Comunicaciones fueron uno de los rubros que menos variación sufrió a lo largo del año, quedando 16 puntos por debajo de otros servicios, e incluso, hasta más de 20 puntos por debajo de la media de este índice.
El atraso significativo que se da en materia de actualización de precios también tiene un impacto negativo directo en el gran desafío que tiene el país de achicar la brecha digital: afecta la igualdad de oportunidades para todos los argentinos; limita la evolución de los ecosistemas regionales y de las PyMes; y posterga la inserción del país al grupo de naciones más desarrolladas digitalmente.
Respecto a la reglamentación sobre la Prestación Básica Universal Obligatoria para internet, telefonía fija y móvil y TV paga, analizaremos en profundidad los alcances e implementación del anuncio».
«El DNU N°690/20 cambió drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público “en competencia”, congelando sus precios, algo que no existe en ninguna parte del mundo. El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia.Ahora con su reglamentación que determina un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, telefonía celular, TV por suscripción e internet, está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles.La telefonía móvil prepaga (60% de las líneas) y la telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2019. Para el resto de los servicios el último aumento fue en marzo del 2020 y la inflación a diciembre fue del 30%. Los planes de conectividad inclusiva de Telecom alcanzan a 600.000 clientes y más de 700.000 clientes mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete (7) facturas impagas. Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena.
Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora.
El sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país.
Eso fue posible gracias a la inversión privada, con fondos propios de la empresa y con financiamiento internacional, basado en la performance y la confianza demostrada por Telecom Argentina desde 2016 a la fecha.
Esta industria no pudo contar con el Estado como su socio estratégico, para generar consensos que aseguren su desarrollo estratégico, garantizando y expandiendo sus prestaciones en condiciones de mercado, como lo fue hasta el dictado del DNU 690/20.
Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas».
Comprendemos la difícil situación por la que estamos atravesando con la pandemia del Covid-19 lo que nos exige a todos un trabajo de mayor cooperación y diálogo, para encontrar soluciones equilibradas y de sustentabilidad para todos.
