Mediante el Decreto 433/2025, publicado en el Boletín Oficial el 26 de junio, se modifican los artículos 95 de la Ley 27.078 y 30 de la Ley 26.522, con “el objetivo de agilizar el otorgamiento de licencias de servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de radiodifusión por suscripción.
Desde COLSECOR valoran positivamente esta modificación que establece una simplificación administrativa en los trámites vinculados al registro de servicios de comunicación audiovisual. La medida constituye un avance relevante para el sector cooperativo, que históricamente enfrentó barreras burocráticas para acceder plenamente a sus derechos como prestador de servicios audiovisuales y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
No obstante, desde la entidad advierten que este paso, aunque significativo, no resuelve todos los desafíos que enfrentan las cooperativas dentro del marco regulatorio vigente. “Este trámite era un cuello de botella que afectaba la operatividad de muchas cooperativas, que debían esperar, en algunos casos, largos períodos hasta obtener un dictamen definitivo de Defensa de la Competencia. Era un paso necesario que debió haberse resuelto hace mucho tiempo”, expresó José N. Lino, presidente de COLSECOR.
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) en 2009, el sector cooperativo viene señalando la necesidad de adecuar los procesos administrativos para facilitar su inclusión efectiva. “Nos alegra que finalmente se haya comprendido que la simplificación no significa pérdida de controles, sino un acto de justicia administrativa”, destacó Lino.
Con el nuevo esquema de simplificación, podría ampliarse el universo de cooperativas de servicios públicos que aún no ha solicitado una licencia. “Es auspicioso que puedan incorporarse al ecosistema de servicios TIC más entidades sin fines de lucro”, agregaron desde COLSECOR.
En el país existen aproximadamente unas 600 cooperativas de servicios públicos y en un porcentaje elevado no está prestando servicios TIC en sus comunidades. Desde COLSECOR promueven y acompañan a quienes decidan avanzar convencidos de que “la integración es el modo posible de enfrentar los altos niveles de concentración” que tiene la actividad.
Compartición de infraestructura: revisión del marco vigente
Más allá de la simplificación anunciada, COLSECOR subraya que persisten obligaciones regulatorias que generan preocupación. Una de ellas es el régimen de compartición de infraestructura de redes, vigente desde 2020 mediante el Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva (RCIP), que impone a las cooperativas la obligación de permitir el uso de infraestructura pasiva (postes, ductos).
“Las cooperativas desplegaron redes de infraestructura donde ni el Estado ni la economía lucrativa se animaron a invertir. Es fundamental que, si estamos obligados a compartir, los valores del canon sean semejantes al esfuerzo y a la inversión genuina realizada en nuestras comunidades”, advirtió Lino. También enfatizó que “la reglamentación debe garantizar condiciones técnicas que resguarden la seguridad de la infraestructura existente, que es vital no solo para los servicios de telecomunicaciones, sino también para la prestación eléctrica y de otros servicios esenciales”.
Asimismo, COLSECOR plantea que este régimen debe armonizar la normativa federal, como la Ley N.º 27.078 (Argentina Digital) y el propio RCIP, con los ordenamientos jurídicos locales. Un ejemplo es la Ley Provincial N.º 3.140, de La Pampa, que establece criterios y tarifas específicas para el uso de postes. En la provincia de Córdoba, por su parte, la empresa estatal de energía EPEC aplica un canon de alquiler de postes a los licenciatarios basado en la cantidad de usuarios de cada localidad con valores de amortización más acordes a las inversiones realizadas.
Rol pendiente de Defensa de la Competencia
COLSECOR también destaca que, tras la exclusión de Defensa de la Competencia como autoridad de aplicación en los procesos de oposición contemplados en la nueva normativa, resulta indispensable que dicho organismo retome su función esencial: el análisis y control de la concentración económica en el mercado de servicios TIC.
“La intervención de Defensa de la Competencia debe orientarse a los casos donde verdaderamente está en juego la posición dominante de empresas con poder significativo de mercado, y no a trabas formales que afectan a actores locales sin capacidad de generar distorsiones”, señalaron desde la entidad.
Compromiso cooperativo
COLSECOR reafirma su compromiso con el desarrollo federal, democrático y sustentable de las comunicaciones. La entidad continuará impulsando políticas públicas que reconozcan la especificidad y el valor social de la economía solidaria, y trabajando para que las decisiones regulatorias no solo simplifiquen procesos, sino que también fortalezcan el rol estratégico de las cooperativas en la inclusión digital en todo el país.
