El fomento al deporte olímpico tiene un valor social innegable. Por eso merece una partida específica dentro del Presupuesto Nacional, junto a una política de Estado que asegure su desarrollo y una adecuada trazabilidad de gastos y recursos. La industria y sus clientes ya aportan un porcentaje en concepto de impuestos internos a esta actividad.
Los servicios TIC son fundamentales para estudiar, trabajar, innovar y producir. Más del 40% de sus costos son impuestos. Incorporar un nuevo impuesto va a encarecer la factura de los usuarios y reducir recursos para invertir en ampliar redes, mejorarlas y mantener a la Argentina conectada con calidad y equidad.
Una decisión tomada sin diálogo y sin fundamentos técnicos.
El proyecto avanza desoyendo el pedido de diálogo de la industria y sin convocar a los especialistas para evaluar su impacto real.
Además, es importante destacar que el ENACOM, autoridad de control del sector y responsable de velar por la calidad, la competencia y los derechos de los usuarios, tampoco ha sido consultado al respecto. Sin esa mirada técnica, la decisión carece de legitimidad, vulnera la seguridad jurídica y debilita la confianza inversora.
La industria TIC solicita al Congreso Nacional que desista de avanzar con este proyecto que atenta contra su desarrollo y que contemple el financiamiento de la actividad olímpica dentro del Presupuesto Nacional, que ya tiene tratamiento parlamentario.
